El legislador Efraín Aguilar Góngora, propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo solicitando a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, investigue la presunta agresión a un reportero yucateco por parte de una funcionaria federal en Yucatán.
Desde la tribuna, señaló que el 13 de febrero ppdo. Inés Antonia Canul Uc, empleada de Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, presuntamente agredió físicamente y luego le robó una videocámara a René Gómez Dzib, corresponsal de Trece TV en Valladolid, televisora pública del estado.
Los hechos se dieron cuando éste filmaba acciones con respecto al uso electoral del programa “Oportunidades”, de acuerdo a la versión contenida en el expediente número 281/13A/2010 del Ministerio Público.
“La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esto no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino también que la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible”, continuó.
“La violación de la libertad de expresión se contrapone al respeto de la democracia, marco necesario para ejercer los derechos humanos. Si las agresiones a comunicadores atentan contra principios esenciales de la democracia, es repudiable e inaceptable que dichas faltas provengan de funcionarios públicos”.
“De acuerdo al reporte del Centro Nacional de Comunicación Social AC, el número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y de esa cifra el 5% de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios”.
Dijo que el informe establece que de las 244 agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas, y en cuanto a los presuntos responsables de las faltas, 65.7% fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79% como partidos políticos y sólo 6.15% como delincuentes.
Tras señalar que el ataque al corresponsal de Trece TV evidencia los datos asentados en ese documento, comentó que el caso fue relatado por testigos de los hechos, quienes manifestaron que los empleados de la SEDESOL, muchos de ellos alcoholizados, realizaban trabajo de proselitismo político con la gente de la zona, a quienes ofrecían “Oportunidades” si se comprometían a votar en mayo por el PAN.
“A decir de Gómez Dzib y de quienes presenciaron los hechos, éste filmó la labor de proselitismo político que efectuaban empleados de SEDESOL e intentó entrevistar a Canul Uc sobre el uso electorero del programa Oportunidades a favor del PAN, lo que enfureció a la mujer, quien agredió físicamente al joven. Y no sólo eso, sino que le arrebató su videocámara para borrar toda evidencia en su contra, los hechos quedaron registrados en la denuncia que presentó el presunto agredido”, prosiguió.
“Este caso tan lamentable toma características preocupantes por el desarrollo de un proceso electoral local en Yucatán, en medio de dudas y manifestaciones sobre el comportamiento de las Delegaciones Federales en el estado, en específico de SEDESOL, en relación al uso electoral de programas sociales, principalmente la ampliación y registro de beneficiarios de Oportunidades”.
Añadió que recientemente, un rotativo local difundió que una brigada de empleados de la SEDESOL transportándose en automóviles oficiales, recorrían colonias populares y marcaban con pañuelos blancos y azules a los futuros beneficiarios, identificados con el PAN.
“Este caso resulta significativo, ya que pudiera reflejar una estrategia del Gobierno Federal, que incluyera el uso electoral de recursos públicos y la intimidación de quienes presencien estas actividades para ser evidenciadas o denunciadas”.
“Con base en lo anterior, es indispensable el deslinde de las responsabilidades en este caso y, sobre todo, clarificar las causas de estos sucesos que parecieran vincularse de forma importante con la participación indebida de instancias gubernamentales en los procesos electorales.”
“Si las agresiones a periodistas atentan contra la libertad de expresión, son mucho más condenables cuando sean realizadas por funcionarios públicos y durante un proceso electoral”.
Finalmente, solicitó que la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones, de seguimiento a la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV.
Asimismo, que dicha Comisión informe a la brevedad posible al Congreso, sobre los resultados del seguimiento y sus implicaciones.
Desde la tribuna, señaló que el 13 de febrero ppdo. Inés Antonia Canul Uc, empleada de Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, presuntamente agredió físicamente y luego le robó una videocámara a René Gómez Dzib, corresponsal de Trece TV en Valladolid, televisora pública del estado.
Los hechos se dieron cuando éste filmaba acciones con respecto al uso electoral del programa “Oportunidades”, de acuerdo a la versión contenida en el expediente número 281/13A/2010 del Ministerio Público.
“La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esto no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino también que la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible”, continuó.
“La violación de la libertad de expresión se contrapone al respeto de la democracia, marco necesario para ejercer los derechos humanos. Si las agresiones a comunicadores atentan contra principios esenciales de la democracia, es repudiable e inaceptable que dichas faltas provengan de funcionarios públicos”.
“De acuerdo al reporte del Centro Nacional de Comunicación Social AC, el número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y de esa cifra el 5% de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios”.
Dijo que el informe establece que de las 244 agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas, y en cuanto a los presuntos responsables de las faltas, 65.7% fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79% como partidos políticos y sólo 6.15% como delincuentes.
Tras señalar que el ataque al corresponsal de Trece TV evidencia los datos asentados en ese documento, comentó que el caso fue relatado por testigos de los hechos, quienes manifestaron que los empleados de la SEDESOL, muchos de ellos alcoholizados, realizaban trabajo de proselitismo político con la gente de la zona, a quienes ofrecían “Oportunidades” si se comprometían a votar en mayo por el PAN.
“A decir de Gómez Dzib y de quienes presenciaron los hechos, éste filmó la labor de proselitismo político que efectuaban empleados de SEDESOL e intentó entrevistar a Canul Uc sobre el uso electorero del programa Oportunidades a favor del PAN, lo que enfureció a la mujer, quien agredió físicamente al joven. Y no sólo eso, sino que le arrebató su videocámara para borrar toda evidencia en su contra, los hechos quedaron registrados en la denuncia que presentó el presunto agredido”, prosiguió.
“Este caso tan lamentable toma características preocupantes por el desarrollo de un proceso electoral local en Yucatán, en medio de dudas y manifestaciones sobre el comportamiento de las Delegaciones Federales en el estado, en específico de SEDESOL, en relación al uso electoral de programas sociales, principalmente la ampliación y registro de beneficiarios de Oportunidades”.
Añadió que recientemente, un rotativo local difundió que una brigada de empleados de la SEDESOL transportándose en automóviles oficiales, recorrían colonias populares y marcaban con pañuelos blancos y azules a los futuros beneficiarios, identificados con el PAN.
“Este caso resulta significativo, ya que pudiera reflejar una estrategia del Gobierno Federal, que incluyera el uso electoral de recursos públicos y la intimidación de quienes presencien estas actividades para ser evidenciadas o denunciadas”.
“Con base en lo anterior, es indispensable el deslinde de las responsabilidades en este caso y, sobre todo, clarificar las causas de estos sucesos que parecieran vincularse de forma importante con la participación indebida de instancias gubernamentales en los procesos electorales.”
“Si las agresiones a periodistas atentan contra la libertad de expresión, son mucho más condenables cuando sean realizadas por funcionarios públicos y durante un proceso electoral”.
Finalmente, solicitó que la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones, de seguimiento a la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV.
Asimismo, que dicha Comisión informe a la brevedad posible al Congreso, sobre los resultados del seguimiento y sus implicaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario