miércoles, 9 de abril de 2014

El Gobernador entrega equipo para las salas de oralidad de este edificio.


La construcción del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) ya registra un avance del 77 por ciento, por lo que en breve sus instalaciones empezarán ofrecer a la sociedad los servicios que se requieren para consolidar la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el territorio yucateco.
El Gobernador Rolando Zapata Bello supervisó dicha obra que se levanta frente al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida y a su vez entregó equipo de audio y video para las ocho salas de oralidad del CJOM. Ambas acciones representan una inversión superior a los 190 millones de pesos.
Al dirigir un mensaje en presencia de la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, el mandatario estatal aseguró que el Gobierno del Estado está al pendiente de que el edificio se concluya en tiempo y forma, ya que fortalecerá la cultura de la legalidad en el estado. 
Ante magistrados y funcionarios del Poder Judicial, así como autoridades estatales y federales, el mandatario recalcó que la planeación estratégica que se ha aplicado en la obra, garantiza que la operatividad cumpla con los requerimientos técnicos y que desde el primer día tenga un funcionamiento óptimo para que sea un edificio de primer nivel y referente nacional.
“Ante el hecho de implementar plenamente las novedades normativas y procesales del nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Gobierno del Estado estamos respondiendo con responsabilidad y eso es justamente lo que significa la creación del Centro de Justicia Oral de Mérida”, apuntó el Gobernador.
Al hacer uso de la palabra, Fromow Rangel reconoció que la obra será de gran utilidad para la transparencia y respeto de derechos humanos que exige la población en materia de justicia y que Yucatán se convertirá en el primer estado en implementar en todo su territorio el nuevo Sistema en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
La funcionaria federal también destacó que la entidad cuenta con un buen equipo de trabajo adecuado a las leyes y capacitando para poder aplicar con mayor eficiencia el Sistema, por lo que señaló que existe el compromiso para hacer llegar más recursos que apoyen la segunda etapa.
Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado, Gabriel Zapata Bello, manifestó que la entrega de equipos de audio y video para las ocho salas de oralidad dan cumplimiento a los códigos de procedimientos local y nacional, los cuales establecen que las audiencias deberán ser registradas por medios tecnológicos.
Asimismo, el funcionario estatal comentó que el nuevo Sistema de Justicia Penal ya se aplica en los distritos judiciales de Valladolid, Umán, Tekax y Kanasín, y que en 53 días comenzará en el de Mérida, el cual agrupa 24 municipios más.
Al dar detalles de la construcción, el secretario de Obras Públicas del Estado, Daniel Quintal Ic, explicó que el CJOM en su primera etapa consta de dos niveles; en el primero se encuentran las ocho salas para los juicios orales, de espera para testigos y locutorios, mientras que en el segundo se ubican las oficinas de los jueces auxiliares, salas de junta y oficinas administrativas.
El funcionario estatal también mencionó que en la planta baja estará el estacionamiento y que el Centro cuenta con un túnel de traslado de detenidos al CERESO con una extensión de más de 350 metros.
Tras el acto protocolario, Zapata Bello acompañado de las demás autoridades, supervisó y constató los avances de la obra, y de los diferentes accesos para evitar el cruce de las partes involucradas en los procesos penales.
Al evento asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Marcos Celis Quintal; los secretarios General de Gobierno, Víctor Caballero Durán; y de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el consejero Jurídico, Ernesto Herrera Novelo; y la directora del Instituto de Defensa Pública del Estado, Ana Aguilar Ruiz.

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