Yucatán se convirtió en el primer estado del país en presentar una iniciativa integral para la Reforma en materia de Seguridad y Justicia, que contempla cambios históricos que beneficiarán a la ciudadanía y colocarán al estado a la vanguardia en la materia.
“En Yucatán hemos defendido y dado buenos resultados en la batalla contra la criminalidad y la inseguridad, no hemos titubeado en esa lucha, pero ahora, con esta propuesta de reforma, aspiramos a convertirnos en el estado más seguro y el más justo de toda la República”, afirmó la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco al presentar dicha iniciativa ante el Poder Legislativo.
Acompañada de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Ángel Prieto Méndez, y de la Gran Comisión del Congreso local, Jorge Carlos Berlín Montero, la mandataria estatal resaltó la importancia y trascendencia de esta Reforma en Seguridad y Justicia, ya que permitirá realizar cambios al andamiaje de las instituciones de justicia del Estado.
Hoy estamos poniendo los cimientos para contar con Yucatán más justo y seguro, ejemplar y moderno en sus instituciones, estamos seguros que nuestros diputados trabajarán para hacer realidad este sueño de blindar la seguridad pública con una justicia moderna y para todos, aseveró.
La Gobernadora firmó y entregó la iniciativa de reforma al presidente de la Comisión Permanente para la Implementación de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad y Justicia, diputado Gaspar Quintal Parra, durante la sesión de instalación de este colegiado en el Aula Magna del Congreso del Estado.
Dentro de las principales modificaciones que contiene esta propuesta, figuran: la unificación en un solo Tribunal de las materias electoral, contenciosa y administrativa; el establecimiento de nuevos Sistemas de Revisión y Control Constitucional; la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General, cuya titularidad surgirá de una propuesta del Ejecutivo pero aprobada por el Poder Legislativo.
También contempla la creación del Instituto de la Defensoría Pública, para la prestación obligatoria de este servicio en materia penal, algo considerado como una prioridad jurídica y social.
En presencia de diputados locales, federales, funcionarios, representantes de instituciones de educación superior y de cámaras empresariales, Ortega Pacheco reconoció que éstos son sólo algunos de los cambios que vendrán a raíz de este momento histórico, que representarán un gran legado para los ciudadanos del futuro.
Será un gran legado, dijo, que en el año de Bicentenario, el estado con mayor seguridad se convierta también en el estado con el más moderno diseño institucional para la procuración e impartición de justicia.
Durante su discurso, la titular del Poder Ejecutivo confió que esta iniciativa trascenderá porque existe en el ánimo de los yucatecos un deseo de unidad, trabajo, avance y de tener un nuevo modelo de justicia penal, fincado en el diálogo, la mediación y la reparación del daño, y no el simple castigo y la sanción unilateral.
Asimismo, la mandataria resaltó la participación en la construcción de esta propuesta del Poder Judicial del Estado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Comité de Consulta en materia de justicia y seguridad del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico estatal, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas en Derecho, cámaras empresariales y asociaciones civiles.
Porque el gran valor de esta iniciativa, acotó, es que no surgió del Gobierno o de quienes están en el poder, sino que fue verdaderamente consensuada y construida por ciudadanos, académicos y expertos en el tema.
En su turno, Quintal Parra indicó que esta reforma constitucional representa oportunidades y retos que devienen de obligaciones para los tres Poderes del Estado y el éxito en su implementación dependerá de la atención especial, constante y decidida de los que directa e indirectamente intervienen en el nuevo sistema.
“En Yucatán hemos defendido y dado buenos resultados en la batalla contra la criminalidad y la inseguridad, no hemos titubeado en esa lucha, pero ahora, con esta propuesta de reforma, aspiramos a convertirnos en el estado más seguro y el más justo de toda la República”, afirmó la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco al presentar dicha iniciativa ante el Poder Legislativo.
Acompañada de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Ángel Prieto Méndez, y de la Gran Comisión del Congreso local, Jorge Carlos Berlín Montero, la mandataria estatal resaltó la importancia y trascendencia de esta Reforma en Seguridad y Justicia, ya que permitirá realizar cambios al andamiaje de las instituciones de justicia del Estado.
Hoy estamos poniendo los cimientos para contar con Yucatán más justo y seguro, ejemplar y moderno en sus instituciones, estamos seguros que nuestros diputados trabajarán para hacer realidad este sueño de blindar la seguridad pública con una justicia moderna y para todos, aseveró.
La Gobernadora firmó y entregó la iniciativa de reforma al presidente de la Comisión Permanente para la Implementación de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad y Justicia, diputado Gaspar Quintal Parra, durante la sesión de instalación de este colegiado en el Aula Magna del Congreso del Estado.
Dentro de las principales modificaciones que contiene esta propuesta, figuran: la unificación en un solo Tribunal de las materias electoral, contenciosa y administrativa; el establecimiento de nuevos Sistemas de Revisión y Control Constitucional; la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General, cuya titularidad surgirá de una propuesta del Ejecutivo pero aprobada por el Poder Legislativo.
También contempla la creación del Instituto de la Defensoría Pública, para la prestación obligatoria de este servicio en materia penal, algo considerado como una prioridad jurídica y social.
En presencia de diputados locales, federales, funcionarios, representantes de instituciones de educación superior y de cámaras empresariales, Ortega Pacheco reconoció que éstos son sólo algunos de los cambios que vendrán a raíz de este momento histórico, que representarán un gran legado para los ciudadanos del futuro.
Será un gran legado, dijo, que en el año de Bicentenario, el estado con mayor seguridad se convierta también en el estado con el más moderno diseño institucional para la procuración e impartición de justicia.
Durante su discurso, la titular del Poder Ejecutivo confió que esta iniciativa trascenderá porque existe en el ánimo de los yucatecos un deseo de unidad, trabajo, avance y de tener un nuevo modelo de justicia penal, fincado en el diálogo, la mediación y la reparación del daño, y no el simple castigo y la sanción unilateral.
Asimismo, la mandataria resaltó la participación en la construcción de esta propuesta del Poder Judicial del Estado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Comité de Consulta en materia de justicia y seguridad del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico estatal, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas en Derecho, cámaras empresariales y asociaciones civiles.
Porque el gran valor de esta iniciativa, acotó, es que no surgió del Gobierno o de quienes están en el poder, sino que fue verdaderamente consensuada y construida por ciudadanos, académicos y expertos en el tema.
En su turno, Quintal Parra indicó que esta reforma constitucional representa oportunidades y retos que devienen de obligaciones para los tres Poderes del Estado y el éxito en su implementación dependerá de la atención especial, constante y decidida de los que directa e indirectamente intervienen en el nuevo sistema.
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