A fin de establecer un sistema de rendición de cuentas efectivo, autoridades estatales presentaron la propuesta para un nuevo reglamento en el que se fijan reglas claras para las auditorías que se practicarán a dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Con el nombre de “Normas de fiscalización y bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal”, la Secretaría General de la Contraloría destacó el documento que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para su inmediata aplicación.
Entre las adecuaciones más importantes, informó la subcontralora Lorena Espinosa Rodríguez, resalta la fijación de un plazo máximo de seis meses para dar conclusión a las facultades de fiscalización de cada auditoría, garantizando así que ningún proceso quede velado y todo aquel que haya incurrido en una acción fuera de la ley reciba una sanción pertinente.
“De esta manera las auditorías no serán detenidas bajo ninguna circunstancia, pero siempre en un marco legal a través de conductos que puedan dar a conocer el proceso a la parte interesada”, expuso.
Además, el nuevo proceso informará al sujeto a auditar sobre el tiempo y el límite que tiene para presentar alegatos y pruebas del procedimiento, expresó.
En el Día Internacional contra la Corrupción, la funcionaria estatal detalló que el objetivo de esta nueva reglamentación es fijar los procedimientos conforme a los que se llevarán a cabo las auditorías que se practiquen a las instancias, tanto centralizadas como paraestatales, del Poder Ejecutivo local.
En presencia del Oficial Mayor de Gobierno, Luis Hevia Jiménez; el Consejero Jurídico, Sergio Cuevas González y el director del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (Inecco), Luis Aldana Burgos, la funcionaria agregó que la nueva adecuación también contempla que en caso de que los resultados de las auditorías impliquen una responsabilidad para algún servidor público, estos pueden ser defendibles ante las instancias legales que proceden dentro de un marco legal que otorgue certeza jurídica uniforme a los sujetos obligados.
En el documento también se consideran las especificaciones de los distintos tipos de notificaciones que existen, ya que en todo acto administrativo realizado el sujeto de auditoría debe ser informado de inmediato.
Adicionalmente, y pensando en un proceso eficiente, se reglamentan todas sus partes, haciendo hincapié en el tiempo que tiene el auditado para presentar los documentos que le sean requeridos, la forma en que debe realizarse una auditoría y en la que el auditor deberá presentarse, entre otros aspectos, finalizó.
Con el nombre de “Normas de fiscalización y bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal”, la Secretaría General de la Contraloría destacó el documento que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para su inmediata aplicación.
Entre las adecuaciones más importantes, informó la subcontralora Lorena Espinosa Rodríguez, resalta la fijación de un plazo máximo de seis meses para dar conclusión a las facultades de fiscalización de cada auditoría, garantizando así que ningún proceso quede velado y todo aquel que haya incurrido en una acción fuera de la ley reciba una sanción pertinente.
“De esta manera las auditorías no serán detenidas bajo ninguna circunstancia, pero siempre en un marco legal a través de conductos que puedan dar a conocer el proceso a la parte interesada”, expuso.
Además, el nuevo proceso informará al sujeto a auditar sobre el tiempo y el límite que tiene para presentar alegatos y pruebas del procedimiento, expresó.
En el Día Internacional contra la Corrupción, la funcionaria estatal detalló que el objetivo de esta nueva reglamentación es fijar los procedimientos conforme a los que se llevarán a cabo las auditorías que se practiquen a las instancias, tanto centralizadas como paraestatales, del Poder Ejecutivo local.
En presencia del Oficial Mayor de Gobierno, Luis Hevia Jiménez; el Consejero Jurídico, Sergio Cuevas González y el director del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (Inecco), Luis Aldana Burgos, la funcionaria agregó que la nueva adecuación también contempla que en caso de que los resultados de las auditorías impliquen una responsabilidad para algún servidor público, estos pueden ser defendibles ante las instancias legales que proceden dentro de un marco legal que otorgue certeza jurídica uniforme a los sujetos obligados.
En el documento también se consideran las especificaciones de los distintos tipos de notificaciones que existen, ya que en todo acto administrativo realizado el sujeto de auditoría debe ser informado de inmediato.
Adicionalmente, y pensando en un proceso eficiente, se reglamentan todas sus partes, haciendo hincapié en el tiempo que tiene el auditado para presentar los documentos que le sean requeridos, la forma en que debe realizarse una auditoría y en la que el auditor deberá presentarse, entre otros aspectos, finalizó.
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