Con la participación del investigador criminólogo Wael Sarwat Hikal Carreón, este día se puso en marcha el “Primer curso de alta especialización en derechos humanos y la investigación científica de la tortura”, diseñado para capacitar y entrenar a funcionarios, profesionales del ramo y representantes de la sociedad civil de la entidad, en la detección y atención de posibles casos de este método contrario a la ley.
La fiscal General, Celia María Rivas Rodríguez; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado y el director del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), Juan Isidro Alfaro Mora, inauguraron las actividades dirigidas a un total de 65 participantes, a quienes se brindarán las herramientas y estrategias necesarias para erradicar y sancionar dicho flagelo.
El curso, organizado por la CODHEY, el CLEU y la FGE, se realizará los días 25 y 27 de abril; el 4, 11, 18 y 25 de mayo, como parte de la preparación de alto nivel que reciben todos los involucrados en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
En el caso de la Fiscalía participan elementos de la Policía Ministerial Investigadora, así como miembros de las direcciones de Investigación y Atención Temprana, Servicios Periciales y Prevención al Delito.
“No hay que olvidar que para todo funcionario público el tema de los derechos humanos no es una opción, es una obligación, más aún en las materias de seguridad, investigación de los delitos y procuración de justicia, donde lamentablemente se producen la mayoría de los actos violatorios de los derechos humanos”, afirmó Celia Rivas.
Entre los temas que se abordarán figuran la defensa, protección del derecho a la integridad personal, prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como utilización de tratados internacionales, incluidas prácticas forenses especializadas.
Hay que recordar, dijo, que este nuevo Sistema Penal es garantista y como lo señala la Carta Magna, bajo este modelo es un derecho de toda persona imputada ser tratado con respeto, por lo que está estrictamente prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura y en su defecto, cualquiera de estas actividades ilegales será sancionada con base en la ley penal.
“En consecuencia indiscutiblemente estaremos vigilantes de la práctica del servicio público y promoveremos en todo momento, actitudes y comportamientos respetuosos, justos, razonables y estrictamente legal para los ciudadanos”, subrayó la fiscal.
Durante la inauguración, realizada en el auditorio “Ernesto Abreu Gómez” de la FGE, la funcionaria estatal afirmó que aún en condiciones extremas tenemos que ser cuidadosos en evitar abusos y no caer, de ninguna manera y bajo ningún motivo, en hechos crueles, inhumanos o degradantes contra ninguna persona.
Debemos ser promotores constantes del respeto de las garantías de todos, asimismo, es indispensable sumarnos a los esfuerzos de profesionalización que se realizan actualmente para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en la investigación de la tortura, un mal que flagela a nuestra sociedad, arguyó.
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