La reforma constitucional en derechos humanos ordena realizar cambios legales y de organización a las comisiones estatales en la materia con la finalidad de regular sus nuevas facultades, el método para elegir a su titular y el fortalecimiento de su autonomía, señaló el diputado federal Rolado Zapata Bello.
Informó que un aspecto importante del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio ppdo. establece que los organismos estatales, según las adiciones y modificaciones, tendrán mayores atribuciones, facultades y fortalezas en sus recomendaciones.
Zapata Bello, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ofreció anoche la conferencia "Reforma Constitucional en Derechos Humanos" a invitación de la Unión de Profesionales de Derecho A.C. que preside el licenciado Alberto Pérez Palma.
En breve entrevista, señaló que los cambios constitucionales obligarán a que en el plazo de un año -contado a partir de la entrada en vigor del decreto constitucional- las legislaturas locales realicen trasformaciones estructurales al marco normativo y, consecuentemente, se modificará el funcionamiento de las comisiones estatales del ramo.
Ante un auditorio compuesto de pasantes, abogados y estudiosos del derecho, subrayó que las reformas son trascendentes y advirtió que sólo podrán salir adelante quienes estudien los convenios internacionales relacionados con los derechos fundamentales.
Mencionó que las comisiones de los derechos humanos han venido evolucionando y han sido dotadas de más autonomía y mayores facultades para ejercer su labor. Agregó que México ha suscrito diferentes tratados internacionales donde se consigna la protección de los derechos de la mujer, la niñez y de asilo político, entre otros.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido 167 acuerdos internacionales que contienen ordenamientos jurídicos con disposiciones que tienen que ser respetadas, prosiguió.
“Con las modificaciones, el sistema jurídico mexicano ya no será rígido para interpretar el texto de la Carta Magna, ya que admite la coexistencia de sus disposiciones con el contenido de los acuerdos internacionales.
“Aquellos abogados, instituciones académicas, funcionarios públicos y judiciales que tengan la capacidad de estudiar los tratados, son quienes van a continuar vigentes en sus respectivas actividades.
“Las facultades y escuelas que actualicen sus planes de estudio formarán profesionales apegados a las nuevas normas jurídicas.
“Actualmente no vemos la profundidad y trascendencia de las reformas constitucionales pero paulatinamente será más evidente, como sucede con las grandes transformaciones”, concluyó.
Informó que un aspecto importante del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio ppdo. establece que los organismos estatales, según las adiciones y modificaciones, tendrán mayores atribuciones, facultades y fortalezas en sus recomendaciones.
Zapata Bello, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ofreció anoche la conferencia "Reforma Constitucional en Derechos Humanos" a invitación de la Unión de Profesionales de Derecho A.C. que preside el licenciado Alberto Pérez Palma.
En breve entrevista, señaló que los cambios constitucionales obligarán a que en el plazo de un año -contado a partir de la entrada en vigor del decreto constitucional- las legislaturas locales realicen trasformaciones estructurales al marco normativo y, consecuentemente, se modificará el funcionamiento de las comisiones estatales del ramo.
Ante un auditorio compuesto de pasantes, abogados y estudiosos del derecho, subrayó que las reformas son trascendentes y advirtió que sólo podrán salir adelante quienes estudien los convenios internacionales relacionados con los derechos fundamentales.
Mencionó que las comisiones de los derechos humanos han venido evolucionando y han sido dotadas de más autonomía y mayores facultades para ejercer su labor. Agregó que México ha suscrito diferentes tratados internacionales donde se consigna la protección de los derechos de la mujer, la niñez y de asilo político, entre otros.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido 167 acuerdos internacionales que contienen ordenamientos jurídicos con disposiciones que tienen que ser respetadas, prosiguió.
“Con las modificaciones, el sistema jurídico mexicano ya no será rígido para interpretar el texto de la Carta Magna, ya que admite la coexistencia de sus disposiciones con el contenido de los acuerdos internacionales.
“Aquellos abogados, instituciones académicas, funcionarios públicos y judiciales que tengan la capacidad de estudiar los tratados, son quienes van a continuar vigentes en sus respectivas actividades.
“Las facultades y escuelas que actualicen sus planes de estudio formarán profesionales apegados a las nuevas normas jurídicas.
“Actualmente no vemos la profundidad y trascendencia de las reformas constitucionales pero paulatinamente será más evidente, como sucede con las grandes transformaciones”, concluyó.
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