El Gobierno del Estado instaló esta tarde una mesa de diálogo para resolver el conflicto surgido entre una empresa inmobiliaria y los poseedores de predios irregulares de Kanasín, para regularizar su situación.
Al presidir la reunión con colonos del municipio, el secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, señaló que una de las principales tareas que realiza la actual administración es velar por la seguridad social y patrimonial de los ciudadanos.
“Pueden estar seguros que nadie les va a quitar sus terrenos, pueden estar tranquilos, pues estamos trabajando para construir alternativas que nos permitan darles certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y que no pierdan su patrimonio”, señaló.
Debido a la disputa entre particulares y los habitantes de una vasta extensión de tierra en Kanasín, autoridades estatales, federales y municipales han trabajado en la mediación para resolver satisfactoriamente la situación.
El ofrecimiento del Gobierno consiste en solicitar a la empresa trasladar las tierras en disputa a posesión del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), para que a través del mismo se realicen todos los trámites y titulaciones pertinentes.
Tras escuchar atentamente las inquietudes de los presentes, Caballero Durán resaltó que para el Gobierno del Estado es primordial apoyar a las personas que con mucho trabajo y esfuerzo han formado colonias, en algunas de las cuales han vivido familias por más de 20 años.
Con el diálogo establecido se busca sumar esfuerzos entre sociedad y autoridades para lograr acuerdos que benefician a los pobladores.
A la reunión asistieron representantes de las colonias afectadas, así como César Escobedo May, director del IVEY; Carlos Andrade, alcalde de Kanasín; José Luis Moreno, delegado de Oportunidades; Carlos Pavón Flores, director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal; Víctor Ricalde, representante de la Consejería Jurídica; y Víctor Chí Trujeque, delegado de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra; Wilberth Novelo Ceballos, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Pablo Castro Alcocer, delegado de la Procuraduría Agraria.
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