Desde hace algunos días, el alcalde de Mérida atribuye al Gobierno del Estado una presunta reducción de los recursos del Ramo 33 al Municipio que gobierna, y que dicha reducción no le fue informada con anticipación para la elaboración de sus Leyes de Hacienda y de Ingresos.
Algunas personas han sugerido públicamente a través del “Diario de Yucatán” que dicha reducción de recursos tiene una connotación electoral.
Ante estas aseveraciones hay que puntualizar lo siguiente:
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), dentro del Ramo 33, son recursos etiquetados de origen federal.
La Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 34 y 35, establece dos fórmulas para la distribución de los recursos del FAISM, y aunque actualmente la autoridad municipal de Mérida asegura que es potestad del Ejecutivo Estatal escoger entre una y otra fórmulas, lo cierto es que la fórmula del artículo 35 es supletoria cuando no se puede aplicar la del 34. Además, se conviene con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, como lo marca la propia Ley de Coordinación Fiscal (Federal).
El Gobierno del Estado no determina la forma de distribución de los recursos del Ramo 33. Es una política establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.
La Ley de Coordinación Fiscal (Federal), en su artículo 34, desde el primer párrafo, establece lo siguiente:
“Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:………………….”.
Para el ejercicio fiscal 2009 que acaba de concluir, el Ejecutivo del Estado aplicó la fórmula descrita en el artículo 35 de la citada Ley de Coordinación Fiscal (misma que venía aplicándose desde hacía varios años). Sin embargo, a mediados de año la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Valuación de la Sedesol, a través de su titular Ing. Marco Antonio López Silva, observó al Gobierno de Yucatán que lo correcto era aplicar la fórmula contenida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se anexa copia del oficio número UPRI. 613/0531/2009 el cual también se hace del conocimiento del delegado estatal de la Sedesol.
En ese tiempo, el Ejecutivo de Yucatán solicitó a la Federación no modificar el criterio porque ya se había empezado a distribuir el recurso con la fórmula del artículo 35. Ello, a pesar de que la indicación del Gobierno Federal era proceder de inmediato.
Para el ejercicio fiscal 2010, mediante el oficio número 616.UPRI/1288/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, se hizo un recordatorio al Ejecutivo de Yucatán para aplicar la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La propia Ley de Coordinación Fiscal establece plazos y fechas para dar a conocer la distribución de esos recursos. Todos los años el Ejecutivo informa, como es su deber, en apego a tales plazos.
El 31 de enero de 2010, según establece la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la relación de los municipios, los montos asignados y el calendario de pagos de dicho Fondo, de conformidad con la fórmula indicada por Sedesol.
Como se observará, no existe recorte alguno porque no había una asignación previa a la cual se le quitaran recursos. Se trata de una nueva distribución que atiende a otros criterios, establecidos por la propia Sedesol y por la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta no es una situación nueva. Para el mismo ejercicio 2009 se previó en los presupuestos estatal y municipales de Yucatán una asignación de participaciones federales que luego, al conocerse los montos asignados por la Federación, resultó ser menor que la prevista, lo cual obligó a modificar planes.
Por otro lado, es oportuno aclarar que el Ejecutivo del Estado actúa conforme a la ley y sin ningún sesgo partidista, pues solamente cumple con lo acordado en la norma federal respecto a la distribución de fondos y a notificación de los mismos. Si existe algún inconveniente por parte de las autoridades municipales, con gusto les apoyamos en su reclamo y gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social y, de ser el caso, ante el Poder Legislativo Federal para la modificación de la norma. Sin embargo, también hay que mencionar que cualquier movimiento afectará adversamente a un buen número de municipios, pues debemos recordar que se trata de un solo fondo que se divide entre 106 ayuntamientos.
De los dos oficios a los que hacemos referencia en este posicionamiento, recibió en su momento copia el delegado estatal de la Sedesol.
El Ejecutivo del Estado emite esta declaración con el ánimo de que la verdad salga a la luz pública en el caso de la distribución de los recursos del Ramo 33. No es intención establecer conflicto con ninguna autoridad de ningún orden de gobierno. El Ejecutivo es respetuoso de los 106 municipios y hace un atento exhorto a las demás autoridades para conducirse con apego a la verdad y atenerse a las disposiciones electorales.
Algunas personas han sugerido públicamente a través del “Diario de Yucatán” que dicha reducción de recursos tiene una connotación electoral.
Ante estas aseveraciones hay que puntualizar lo siguiente:
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), dentro del Ramo 33, son recursos etiquetados de origen federal.
La Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 34 y 35, establece dos fórmulas para la distribución de los recursos del FAISM, y aunque actualmente la autoridad municipal de Mérida asegura que es potestad del Ejecutivo Estatal escoger entre una y otra fórmulas, lo cierto es que la fórmula del artículo 35 es supletoria cuando no se puede aplicar la del 34. Además, se conviene con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, como lo marca la propia Ley de Coordinación Fiscal (Federal).
El Gobierno del Estado no determina la forma de distribución de los recursos del Ramo 33. Es una política establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.
La Ley de Coordinación Fiscal (Federal), en su artículo 34, desde el primer párrafo, establece lo siguiente:
“Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:………………….”.
Para el ejercicio fiscal 2009 que acaba de concluir, el Ejecutivo del Estado aplicó la fórmula descrita en el artículo 35 de la citada Ley de Coordinación Fiscal (misma que venía aplicándose desde hacía varios años). Sin embargo, a mediados de año la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Valuación de la Sedesol, a través de su titular Ing. Marco Antonio López Silva, observó al Gobierno de Yucatán que lo correcto era aplicar la fórmula contenida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se anexa copia del oficio número UPRI. 613/0531/2009 el cual también se hace del conocimiento del delegado estatal de la Sedesol.
En ese tiempo, el Ejecutivo de Yucatán solicitó a la Federación no modificar el criterio porque ya se había empezado a distribuir el recurso con la fórmula del artículo 35. Ello, a pesar de que la indicación del Gobierno Federal era proceder de inmediato.
Para el ejercicio fiscal 2010, mediante el oficio número 616.UPRI/1288/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, se hizo un recordatorio al Ejecutivo de Yucatán para aplicar la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La propia Ley de Coordinación Fiscal establece plazos y fechas para dar a conocer la distribución de esos recursos. Todos los años el Ejecutivo informa, como es su deber, en apego a tales plazos.
El 31 de enero de 2010, según establece la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la relación de los municipios, los montos asignados y el calendario de pagos de dicho Fondo, de conformidad con la fórmula indicada por Sedesol.
Como se observará, no existe recorte alguno porque no había una asignación previa a la cual se le quitaran recursos. Se trata de una nueva distribución que atiende a otros criterios, establecidos por la propia Sedesol y por la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta no es una situación nueva. Para el mismo ejercicio 2009 se previó en los presupuestos estatal y municipales de Yucatán una asignación de participaciones federales que luego, al conocerse los montos asignados por la Federación, resultó ser menor que la prevista, lo cual obligó a modificar planes.
Por otro lado, es oportuno aclarar que el Ejecutivo del Estado actúa conforme a la ley y sin ningún sesgo partidista, pues solamente cumple con lo acordado en la norma federal respecto a la distribución de fondos y a notificación de los mismos. Si existe algún inconveniente por parte de las autoridades municipales, con gusto les apoyamos en su reclamo y gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social y, de ser el caso, ante el Poder Legislativo Federal para la modificación de la norma. Sin embargo, también hay que mencionar que cualquier movimiento afectará adversamente a un buen número de municipios, pues debemos recordar que se trata de un solo fondo que se divide entre 106 ayuntamientos.
De los dos oficios a los que hacemos referencia en este posicionamiento, recibió en su momento copia el delegado estatal de la Sedesol.
El Ejecutivo del Estado emite esta declaración con el ánimo de que la verdad salga a la luz pública en el caso de la distribución de los recursos del Ramo 33. No es intención establecer conflicto con ninguna autoridad de ningún orden de gobierno. El Ejecutivo es respetuoso de los 106 municipios y hace un atento exhorto a las demás autoridades para conducirse con apego a la verdad y atenerse a las disposiciones electorales.
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