El Juez Primero de Distrito en el estado de Chihuahua, dentro de la causa penal 236/2004, dictó sentencia de 14 años de prisión y mil 520 días multa contra Óscar Arturo Arriola Márquez, al considerar acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad del que por si adquiera, administre e invierta, dentro del territorio nacional, recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Arriola Márquez fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación el 2 de febrero de 2006 en Torreón, Coahuila, como resultado de las tareas de investigación de personal ministerial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, derivado del seguimiento de los operativos Toro I, II y III.
El sentenciado formaba parte de la organización “Los Arriola” o “Los Pichones”, que operaba en Chihuahua, donde se encargaba del trasiego de droga, además de que con los recursos obtenidos por esa actividad adquirió e invirtió en la creación de diversas empresas que servían para lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho a los delincuentes que vulneran y alteran la tranquilidad y seguridad que
Arriola Márquez fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación el 2 de febrero de 2006 en Torreón, Coahuila, como resultado de las tareas de investigación de personal ministerial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, derivado del seguimiento de los operativos Toro I, II y III.
El sentenciado formaba parte de la organización “Los Arriola” o “Los Pichones”, que operaba en Chihuahua, donde se encargaba del trasiego de droga, además de que con los recursos obtenidos por esa actividad adquirió e invirtió en la creación de diversas empresas que servían para lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho a los delincuentes que vulneran y alteran la tranquilidad y seguridad que
No hay comentarios:
Publicar un comentario