Ante el nuevo plantón realizado este día por ejidatarios de Caucel que demandan el supuesto pago de tierras y la negativa de sus directivos al diálogo, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) hace las siguientes precisiones:
El IVEY siempre ha estado dispuesto al diálogo respetuoso y prueba de ello son las varias reuniones que, desde agosto pasado, ha sostenido con los inconformes. De hecho, este día, el director General, Lic. Humberto Gómez Mendoza pidió dialogar con ellos, pero se negaron rotundamente, alegando que “sólo ejercerían su derecho a la manifestación”, derecho que se les respeta.
Durante las reuniones anteriores, a los ejidatarios se les explicó que las tierras adquiridas por el Instituto de Vivienda para la construcción de Ciudad Caucel fueron pagadas en tiempo y forma conforme a lo que marca la Ley, como consta en las actas de asamblea del Comisariado Ejidal y una parte de terreno que indebidamente se apropió la administración anterior, recientemente fue resuelta ante Tribunal Agrario, pagándoles lo que por derecho les correspondía.
Ante el argumento de que la superficie por la que reclaman el pago es por donde pasaría el Anillo Vial Metropolitano, también se les hizo notar que la actual administración no tienen contemplado por ahora realizar obra alguna en el lugar, por lo que dicho terreno sigue siendo propiedad ejidal,razón por la cual no se les puede pagar un supuesto adeudo, ya que eso sería totalmente ilegal.
El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán siempre ha sido respetuoso de las leyes y por consiguiente, ante la denuncia en su contra interpuesta ante el Tribunal Agrario por la parte presuntamente afectada, estará a la espera de la determinación de dicho Tribunal de quien deberá pagar a los ejidatarios de ese municipio por la afectación de sus tierras, después de que se lleve a cabo la inspección judicial ordenada por esa autoridad, en la superficie de Caucel en conflicto, en diligencia a celebrarse el tres de octubre próximo.
El IVEY rechaza cualquier forma de presión para obligarlo a reconocer una deuda que no es suya y exhorta a los líderes del movimiento a conducirse con responsabilidad y apego a los cauces legales que permitirán, previa resolución judicial, que puedan ser indemnizados por la parte que le corresponda hacerlo.
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