Las senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Rosa Adriana Díaz Lizama, presidentas de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Asuntos Migratorios y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, respectivamente condenaron la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en el estado de Texas y exigieron que estos castigos sean erradicados en el mundo.
De acuerdo con elarsenal.net, las legisladoras expresaron su indignación y señalaron que esta acción constituye un claro desafío a los tratados internacionales y al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en 2004 en el llamado Caso Avena.
La senadora Cuevas Barrón recordó que desde hace una década el ese tribunal internacional resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en perjuicio de 51 mexicanos (entre los que se encontraba Edgar Tamayo) porque no se les informó de sus derechos a la protección consular.
La senadora Guevara Espinoza lamentó que México ocupe el primer lugar por sentenciados a la pena capital en territorio estadounidense y señaló que por esta razón el pasado 12 de diciembre el Senado de la República exhortó al Congreso estadounidense a cumplir con sus compromisos internacionales y, en específico, a respetar el derecho de asistencia consular para evitar que otros connacionales sentenciados a pena de muerte vean vulnerados en su derecho al debido proceso judicial.
La senadora Díaz Lizama resaltó que es fundamental la garantía de asistencia consular, pues constituye una parte esencial del debido proceso que asegura el respeto de diversos derechos como el de la no autoincriminación, la presunción de inocencia y el derecho a contar con un traductor. En el caso de Tamayo, destacó, esos derechos fueron evidentemente violados.
Gabriela Cuevas comentó que a finales de diciembre envió una carta al gobernador de Texas, Rick Perry, solicitando que se aplazara la ejecución de Edgar Tamayo a fin de que se revisara a profundidad el caso. En esa misiva le recordó al gobernador que en el año 2008 prometió que las cortes revisarían los casos de todos aquellos mexicanos a los que se les hubiera violado el derecho de asistencia consular. “Es evidente que el mandatario no está dispuesto a cumplir con ese compromiso”, señaló.
Las legisladoras federales conminaron a la Cancillería Mexicana a tomar medidas más contundentes para la defensa de los connacionales que están sentenciados a la pena capital y que podrían ser ejecutados en los próximos meses, ante la evidente falta de contundencia en los mecanismos de protección y defensa consular.
Entre otras medidas, dijeron, se debe destinar más recursos a los programas de asistencia legal. Agregaron que el gobierno mexicano debe impulsar todas las acciones que estén a su alcance para lograr la erradicación de la pena de muerte en el mundo.
Es inconcebible y preocupante que en pleno siglo XXI haya países que apliquen la pena capital como sanción. En 2012, por ejemplo, se dictaron sentencias de muerte en 58 países, reveló la senadora Cuevas.
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