El pleno de la Cámara de Diputados, acordó por consenso de todos sus grupos parlamentarios, solicitar al gobierno federal que revise la estructura y destino del Fondo de Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública y se incluya a los ayuntamientos que fueron rechazados.
En este contexto, la propuesta tendrá como efecto que en Yucatán, Tizimín y Valladolid puedan ser considerados de nuevo dentro del programa del que fueron eliminados.
Se busca garantizar que por lo menos a cada entidad se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009.
El texto del punto de acuerdo dice:
“La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, hizo suya la proposición como punto de acuerdo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México”.
Se convino exhortar al ejecutivo federal revisar la estructura y destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales para la Seguridad Pública, a efecto de que se garantice que por lo menos, a cada entidad de este nivel de gobierno, se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministro de recursos.
El legislador Vidal Aguilar, presentó la semana pasada el punto de acuerdo que hicieron suyo todos los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, donde pide al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, modificar las reglas de operación del Subsemun y se agregue a dos municipios locales descartados.
El diputado Daniel Ávila Ruiz, expresó su rechazo a la propuesta con el argumento de que Tizimín no había cumplido con algunos informes del ejercicio 2009.
Enseguida, el legislador del PRI Rolando Zapata Bello, advirtió que no debe confundirse la fiscalización con la asignación y exclusión de un programa.
“Seré muy breve. Asumo que en la intensidad de esta sesión, pueden quedar al margen comentarios ociosos como el que acabamos de escuchar”, prosiguió.
“No se debe equivocar el proceso de fiscalización de los recursos federales con el tema del presupuesto y asignación. No es posible que municipios como Tizimín y Valladolid queden fuera de proyectos de equipamiento, profesionalización y capacitación de sus cuerpos de policía por un error o una deficiencia en las reglas de operación”.
“Como diputado por Yucatán, pido a los compañeros de la 61 Legislatura que ratifiquen con su voto a favor el acuerdo que todas las fuerzas parlamentarias han convenido a través de la Junta de Coordinación Política para que el gobierno federal revise las reglas de operación del fondo en cuestión e incluya a los ayuntamientos del país que fueron eliminados”, finalizó.
Luego de la intervención de Zapata Bello, coordinador de la bancada del PRI por Yucatán, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, puso a votación el punto de acuerdo que se aprobó por todos los grupos parlamentarios, incluyendo al del Partido Acción Nacional.
En este contexto, la propuesta tendrá como efecto que en Yucatán, Tizimín y Valladolid puedan ser considerados de nuevo dentro del programa del que fueron eliminados.
Se busca garantizar que por lo menos a cada entidad se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009.
El texto del punto de acuerdo dice:
“La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, hizo suya la proposición como punto de acuerdo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México”.
Se convino exhortar al ejecutivo federal revisar la estructura y destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales para la Seguridad Pública, a efecto de que se garantice que por lo menos, a cada entidad de este nivel de gobierno, se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministro de recursos.
El legislador Vidal Aguilar, presentó la semana pasada el punto de acuerdo que hicieron suyo todos los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, donde pide al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, modificar las reglas de operación del Subsemun y se agregue a dos municipios locales descartados.
El diputado Daniel Ávila Ruiz, expresó su rechazo a la propuesta con el argumento de que Tizimín no había cumplido con algunos informes del ejercicio 2009.
Enseguida, el legislador del PRI Rolando Zapata Bello, advirtió que no debe confundirse la fiscalización con la asignación y exclusión de un programa.
“Seré muy breve. Asumo que en la intensidad de esta sesión, pueden quedar al margen comentarios ociosos como el que acabamos de escuchar”, prosiguió.
“No se debe equivocar el proceso de fiscalización de los recursos federales con el tema del presupuesto y asignación. No es posible que municipios como Tizimín y Valladolid queden fuera de proyectos de equipamiento, profesionalización y capacitación de sus cuerpos de policía por un error o una deficiencia en las reglas de operación”.
“Como diputado por Yucatán, pido a los compañeros de la 61 Legislatura que ratifiquen con su voto a favor el acuerdo que todas las fuerzas parlamentarias han convenido a través de la Junta de Coordinación Política para que el gobierno federal revise las reglas de operación del fondo en cuestión e incluya a los ayuntamientos del país que fueron eliminados”, finalizó.
Luego de la intervención de Zapata Bello, coordinador de la bancada del PRI por Yucatán, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, puso a votación el punto de acuerdo que se aprobó por todos los grupos parlamentarios, incluyendo al del Partido Acción Nacional.
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