Es verdad dicen los porteños que la ciudadanía requiere de una educación vial y no de medidas arbitrarias como la aplicación del “alcoholímetro”. Ya que este “No resuelve nada, es cierto que se tienen que combatir los problemas del alcoholismo y se tiene que dar seguridad a todos los transeúntes, pero no al trueque de darle mayor nivel de arbitrariedad al ejercicio de la policía”, que ya se siente intocable señalan.
Este programa afecta al Estado de derecho en la manera como se emplea en instrumento de la fuerza policíaca.
La disposición de utilizar el alcoholímetro para probar los grados de alcohol de los automovilistas progreseños puesta en marcha desde hace casi dos años es anticonstitucional, también representa una medida de seguridad para los habitantes porteños y visitantes que circulan por las calles, por lo que es un asunto que debe ser analizado cuidadosamente en todas sus aristas, plantearon informantes a esta columna
El hecho de que la gente tenga que pasar una prueba de alcohol es contrario a lo que señala el artículo 16 constitucional, en el que se estipula que nadie puede ser molestado en su propiedad, persona o bienes si no es por una orden de una autoridad. De igual modo, agregan, se ha mencionado que el reglamento de tránsito lo ordena, pero no lo reglamenta como lo ordena la Carta Magna. “No hay una autoridad judicial para hacer una detención ni una autoridad ministerial para realizar una orden de presentación, por lo que lo del alcoholímetro es una medida anticonstitucional”. No obstante, aseguran que mucha gente está en favor de la disposición porque tienen la certeza de que puede transitar por las calles con más tranquilidad, pues no encontrará una persona alcoholizada que provocará un accidente.
“Este operativo expone a los ciudadanos al escarnio público” El operativo de los Alcoholímetros, implementado por la policía municipal, es jurídicamente inconstitucional y no tiene otro móvil que la propaganda policiaca, con el fin de demostrar que “están trabajando”
Esta medida es vejatoria” ya que, encima de que se está afectando el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, la autoridad presenta o envía a los medios de comunicación fotos y nombres de los detenidos para hacer constar que “está trabajando” para proteger a los progreseños.
“Están exhibiendo a los ciudadanos porteños para decir que nos están protegiendo, pero en realidad los están sometiendo al escarnio y esto no tiene ningún sentido, ni otro móvil que la propaganda”, ante la falta de capacidad para resolver la ola de robos e inseguridad que priva en la ciudad ante la manifiesta incapacidad del director policiaco Carlos Flores Moo.
Sobre este último punto, es perfectamente aceptable siempre y cuando no sea ilegal, pero el operativo “a todas luces lo es”. Ya que desde el punto de vista jurídico no hay duda que esto es ilegal, pues la Constitución exige que para cualquier tipo de detención es necesario tener una orden escrita, fundada y motivada de las autoridades o que el ciudadano cometa un delito y sea sorprendido en flagrancia. “Lo que están haciendo las autoridades es que a ojo de buen cubero están deteniendo a las personas y obligándolas a someterse a la prueba, sin pedirles su opinión”.
Cabe recordar que hay estados en donde se intentó implementar el operativo como en Nuevo León, que no funcionó y finalizó con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese lugar.
En el caso de Progreso, es bueno que se estén levantando voces y que los amparos propuestos por algunas gentes son una forma de protección para los ciudadanos.
Expertos dicen que la única forma en que el uso de los alcoholímetros sea válido, es si al conductor se le sorprende en violación al Reglamento de Tránsito, pero incluso en esa situación, no se le podría obligar a someterse a una evaluación de su nivel de alcohol, quieran o no quieran.
Cabe citar que las revisiones que se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad sí son “obligatorias”. Es decir, que los automovilistas detenidos para una revisión no se pueden rehusar a someterse a la prueba del alcoholímetro. Ya que de lo contrario son detenidos
Se argumenta a favor del programa que está “plenamente analizado y justificado” el tema fue analizado por los abogados de la SSP, de manera que se concluyó que si bien de acuerdo con el artículo 16 constitucional nadie puede ser molestado en su persona o pertenencias, el artículo 21 faculta a la autoridad para aplicar programas y cobrar multas.
Se dice que cuando la policía para un automóvil con el fin de cerciorase que el conductor no maneja en estado de ebriedad, “no viola ninguna garantía, porque el Juez Cívico está facultado para detener a la persona y no el policía que lo remite;
Aunque las mismas autoridades aceptaron que la medida va en contra del derecho a libre tránsito en la ciudad, también apuntó que el uso de los alcoholímetros regula un poco lo que ya se ha planteado en los reglamentos y ayuda a controlar los accidentes de tránsito, “que tantas desgracias familiares ocasiona”. Si resulta positivo o no el operativo que funciona desde hace mas de dos años, y que está en marcha todos los fines de semana, en quincena y días festivos y que además vía multas, deja pingues ganancias a la comuna y a los agentes ya que muchas veces para no ser llevados piden a los detenidos “pa los chescos” o la cena y no aceptan menos de 2 mil pesos como ven.
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