El notariado mexicano planteó, ante el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, modificar la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de lavado de dinero, de acuerdo a lo sustentado en el derecho comparado y consistente con las recomendaciones señaladas por el Grupo de Acción Financiero Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).
En ese sentido, el legislador hidalguense coincidió con lo señalado por los dirigentes, entrante y saliente, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C., Heriberto Castillo Villanueva y Juan Pastrana, respectivamente, y precisó que se trata “de una iniciativa muy compleja y, si lo que estamos buscando es evitar el lavado de dinero, hay que hacerlo de la forma más cuidadosa para evitar que se genere un conflicto que diluya la eficiencia de la ley”.
La iniciativa presidencial ha sido criticada por tener enfoque de recaudación fiscal, más que de persecución de las prácticas delictivas, y por facultar a notarios públicos como sujetos obligados para investigar dicho ilícito.
“Si mezclamos un asunto de control fiscal con un tema meramente de persecución de lavado de dinero podemos generar un problema muy grave al sistema económico y financiero del país, y más cuando lo que se busca es que los ciudadanos y los profesionistas sustituyan a las autoridades en la labor de perseguir a los sospechosos”, dijo el senador.
El también exgobernador de Hidalgo explicó que dentro del proceso de análisis de esta iniciativa se han revisado las posturas de los diversos actores implicados y afectados, las cuales se tomaran en cuenta por la comisión senatorial que preside para poder tener una ley acorde con la realidad.
En ese sentido, el legislador hidalguense coincidió con lo señalado por los dirigentes, entrante y saliente, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C., Heriberto Castillo Villanueva y Juan Pastrana, respectivamente, y precisó que se trata “de una iniciativa muy compleja y, si lo que estamos buscando es evitar el lavado de dinero, hay que hacerlo de la forma más cuidadosa para evitar que se genere un conflicto que diluya la eficiencia de la ley”.
La iniciativa presidencial ha sido criticada por tener enfoque de recaudación fiscal, más que de persecución de las prácticas delictivas, y por facultar a notarios públicos como sujetos obligados para investigar dicho ilícito.
“Si mezclamos un asunto de control fiscal con un tema meramente de persecución de lavado de dinero podemos generar un problema muy grave al sistema económico y financiero del país, y más cuando lo que se busca es que los ciudadanos y los profesionistas sustituyan a las autoridades en la labor de perseguir a los sospechosos”, dijo el senador.
El también exgobernador de Hidalgo explicó que dentro del proceso de análisis de esta iniciativa se han revisado las posturas de los diversos actores implicados y afectados, las cuales se tomaran en cuenta por la comisión senatorial que preside para poder tener una ley acorde con la realidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario