lunes, 18 de mayo de 2009

ARRAIGAN 40 DÍAS EX MANDOS DE SEGURIDAD DE MORELOS.

La Procuraduría General de la República, el Gobierno del estado de Morelos y la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, han trabajado de manera conjunta y coordinada para realizar, desde las propias instituciones de gobierno, acciones de depuración respecto de elementos que presumiblemente están ligados a la protección de actividades criminales.
En los términos de las investigaciones policiales y actuaciones ministeriales, se han girado y cumplimentado diversas órdenes ministeriales y judiciales desde hace varios días, que han culminado con la colaboración del gobierno del estado para que se presenten a rendir declaración y testimonio servidores públicos estatales y municipales.
Del trabajo institucional, conjunto y coordinado, y de las declaraciones vertidas ante el AMPF, resultan elementos que sustentan la pertinencia del arraigo judicial de los señores Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex Secretario de Seguridad Publica del Estado de Morelos; Francisco Sánchez González, ex Secretario de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, Morelos; Salvador Pintado Vázquez, policía ministerial de Morelos y la ciudadana María del Carmen Ríos Mendoza.
La Procuraduría General de la Republica reconoce plenamente la disposición y el compromiso del Gobierno Constitucional del Estado de Morelos para colaborar con el Representante Social de la Federación en la aplicación de la ley, en este caso, la identificación de conductas individuales donde existen varios elementos indiciarios de la comisión de actos ilícitos.
El Gobernador Marco Antonio Adame en las diversas conversaciones que ha sostenido en los últimos días con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, ha reiterado su voluntad y su petición de que se actúe con toda determinación y diligencia para depurar las instituciones de seguridad de Morelos hasta sus últimas consecuencias. El objetivo será que conductas individuales, impertinentes e ilícitas no lastimen la seguridad de los mexicanos y en especial de los habitantes del estado de Morelos.
A los presuntos responsables se les aplicará, indistintamente, las sanciones que prevé la Ley.

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