A partir de esta fecha entran en vigor seis nuevos órganos jurisdiccionales denominados Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que tendrán residencia en el Distrito Federal que serán competentes para conocer y resolver las peticiones del Ministerio Público de la Federación en toda la República.
El Poder Judicial de la Federación se anticipa a dar vida a estos juzgados que resulte exigible constitucionalmente, para resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados, de las víctimas y ofendidos, señaló Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República.
Agregó que la filtración de la información contenida en las órdenes de cateo, de arraigo y de intervención de comunicaciones, no sólo pone en riesgo las investigaciones respectivas, sino que además pone en peligro la vida e integridad física de servidores públicos honestos y comprometidos con la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad de todos los mexicanos.
La Procuraduría General de la República se encuentra en un profundo proceso de transformación y modernización, con el objeto de establecer sistemas compatibles y coordinados para hacer efectiva la comunicación electrónica y segura en las peticiones que formule el Ministerio Público de la Federación a los órganos jurisdiccionales, añadió.
Por su parte el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que con esta determinación, el Consejo de la Judicatura Federal ha procurado ser previsor en tres puntos particulares:
Generar condiciones que permitan satisfacer las cargas de trabajo que deberán enfrentarse; estar en posibilidad de cumplir con los tiempos en que deba resolverse y especializar a los Jueces Federales Penales, para estar en condiciones de enfrentar con excelencia, profesionalismo, eficacia y oportunidad, todas y cada una de las actividades que ya exige la moderna función judicial penal.
Con estas acciones la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura Federal, dan cumplimiento a sus tareas para reforzar la Legalidad, la Justicia y la Seguridad en nuestro país.
El Poder Judicial de la Federación se anticipa a dar vida a estos juzgados que resulte exigible constitucionalmente, para resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados, de las víctimas y ofendidos, señaló Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República.
Agregó que la filtración de la información contenida en las órdenes de cateo, de arraigo y de intervención de comunicaciones, no sólo pone en riesgo las investigaciones respectivas, sino que además pone en peligro la vida e integridad física de servidores públicos honestos y comprometidos con la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad de todos los mexicanos.
La Procuraduría General de la República se encuentra en un profundo proceso de transformación y modernización, con el objeto de establecer sistemas compatibles y coordinados para hacer efectiva la comunicación electrónica y segura en las peticiones que formule el Ministerio Público de la Federación a los órganos jurisdiccionales, añadió.
Por su parte el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que con esta determinación, el Consejo de la Judicatura Federal ha procurado ser previsor en tres puntos particulares:
Generar condiciones que permitan satisfacer las cargas de trabajo que deberán enfrentarse; estar en posibilidad de cumplir con los tiempos en que deba resolverse y especializar a los Jueces Federales Penales, para estar en condiciones de enfrentar con excelencia, profesionalismo, eficacia y oportunidad, todas y cada una de las actividades que ya exige la moderna función judicial penal.
Con estas acciones la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura Federal, dan cumplimiento a sus tareas para reforzar la Legalidad, la Justicia y la Seguridad en nuestro país.
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