La Procuraduría General de la República informa que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dentro de la causa penal 64/2005, dictó sentencia condenatoria contra siete secuestradores que operaban en el Distrito Federal, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, por lo que les impuso las siguientes penas:
1. Israel Herrera Huerta (a) “El Pechugas” recibió sentencia de ciento sesenta y siete años de prisión y veinticuatro mil setecientos cincuenta días multa.
2. Raúl Anaya Navarrete (a) “El Barbas” y “El Osama Bin Laden”, una pena de ciento treinta y un años de prisión y quince mil trescientos setenta y cinco días multa
3. José Hernández Barajas (a) “El Stiler” fue sentenciado a ciento veintiseis años de prisión y dieciocho mil trescientos setenta y cinco días multa
4. Vicente Raúl Ávila Mendoza (a) “El Equis Tres” o “el Azteca Tres” recibió una sentencia de noventa y seis años de prisión y quince mil trescientos setenta y cinco días multa
5. Juan Miguel Hernández Molina o Juan Miguel Hernández Molinar (a) “El Botas” fue sentenciado a sesenta y seis años de prisión y doce mil trescientos setenta y cinco días multa
6. A Félix Manuel Hernando Trejo (a) “El Gato” le fue impuesta la pena de sesenta y seis años de prisión y doce mil trescientos setenta y cinco días multa
7. Héctor Manuel Salinas Villalobos fue sentenciado a treinta años de prisión y tres mil días multa
Los ahora sentenciados fueron detenidos por efectivos de la entonces Agencia Federal de Investigación en un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa el 11 de diciembre de 2004, durante una acción en la que se logró el rescate de una persona que fue privada de la libertad por un lapso de 47 días.
La organización delictiva encabezada por Israel Herrera Huerta (a) “El Pechugas” ejecutó cinco secuestros en un año, entre ellos el de una menor de edad. Como parte de su actividad criminal empleaban amenazas para obtener el pago por el rescate, y una vez que habían cobrado el monto solicitado, cambiaban a sus víctimas a otra casa de seguridad para exigir un segundo pago.
Con estas sentencias, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que prevé el Estado de Derecho para castigar cualquier manifestación de la delincuencia organizada.
1. Israel Herrera Huerta (a) “El Pechugas” recibió sentencia de ciento sesenta y siete años de prisión y veinticuatro mil setecientos cincuenta días multa.
2. Raúl Anaya Navarrete (a) “El Barbas” y “El Osama Bin Laden”, una pena de ciento treinta y un años de prisión y quince mil trescientos setenta y cinco días multa
3. José Hernández Barajas (a) “El Stiler” fue sentenciado a ciento veintiseis años de prisión y dieciocho mil trescientos setenta y cinco días multa
4. Vicente Raúl Ávila Mendoza (a) “El Equis Tres” o “el Azteca Tres” recibió una sentencia de noventa y seis años de prisión y quince mil trescientos setenta y cinco días multa
5. Juan Miguel Hernández Molina o Juan Miguel Hernández Molinar (a) “El Botas” fue sentenciado a sesenta y seis años de prisión y doce mil trescientos setenta y cinco días multa
6. A Félix Manuel Hernando Trejo (a) “El Gato” le fue impuesta la pena de sesenta y seis años de prisión y doce mil trescientos setenta y cinco días multa
7. Héctor Manuel Salinas Villalobos fue sentenciado a treinta años de prisión y tres mil días multa
Los ahora sentenciados fueron detenidos por efectivos de la entonces Agencia Federal de Investigación en un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa el 11 de diciembre de 2004, durante una acción en la que se logró el rescate de una persona que fue privada de la libertad por un lapso de 47 días.
La organización delictiva encabezada por Israel Herrera Huerta (a) “El Pechugas” ejecutó cinco secuestros en un año, entre ellos el de una menor de edad. Como parte de su actividad criminal empleaban amenazas para obtener el pago por el rescate, y una vez que habían cobrado el monto solicitado, cambiaban a sus víctimas a otra casa de seguridad para exigir un segundo pago.
Con estas sentencias, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que prevé el Estado de Derecho para castigar cualquier manifestación de la delincuencia organizada.
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