A través de medios electrónicos de comunicación, la Procuraduría General de Justicia del Estado conoce las declaraciones que esta tarde emitió el alcalde de Mérida, César Bojórquez Zapata, así como el posterior boletín oficial de su oficina de prensa, acerca de las investigaciones efectuadas en torno al caso de la denunciada María Cecilia Flores Argáez, quien hasta hace unos días fungió como funcionaria de dicha administración municipal.
Al respecto, es pertinente señalar lo siguiente:
1. El Procurador General de Justicia del Estado, Abog. José Alonso Guzmán Pacheco, se encuentra en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, participando en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que inició hoy jueves. A este encuentro han acudido los procuradores de los estados del país y del Distrito Federal, así como los más altos funcionarios de la PGR.
Se menciona lo anterior, ya que en el comunicado de prensa citado párrafos arriba se asienta simplemente que al pedir el alcalde de Mérida –“a través” de su oficina- una cita con el procurador “nos respondieron que llamemos mañana de 8:00am a 2:00pm para ver si me dan una audiencia”.
2. Sobre la afirmación del presidente municipal de Mérida quien, según el comunicado aludido “dijo tener información que las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado se están dirigiendo hacia el Ayuntamiento”, habría que preguntar al munícipe cuál es esa fuente de información, ya que las investigaciones que realiza la PGJE, por mandato de ley, están protegidas por un sigilo obligatorio, esto a fin de no entorpecer diligencias y para garantizar la objetividad de las pesquisas.
3. En todo caso, es oportuno ratificar que actualmente la PGJE realiza investigaciones derivadas de diversas denuncias en contra de la C. María Cecilia Flores Argáez, quien hasta hace algunos días se desempeñaba como alta funcionaria de la administración pública municipal de Mérida.
Las denuncias van encaminadas, según los propios demandantes, a los delitos de fraude y abuso de confianza, y los que de ellos se deriven.
4. Dicha investigación la realiza la PGJE en cumplimiento de su mandato legal de procurar Justicia y atender a las demandas de los ciudadanos afectados.
5. Como es lógico suponer, y derivado de la naturaleza de las actividades que realizaba la C. Flores Argáez, algunas pesquisas y pruebas –emanadas de las denuncias y averiguaciones correspondientes- se realizan en el ámbito de su entorno laboral al momento de cometer los presuntos delitos.
Se ha llamado a declarar a personas mencionadas por los denunciantes, señaladas como presuntos cómplices o como afectados, en diversos grados. Serán llamadas más personas y esto no es de extrañarse en el transcurso de una investigación.
6. Algunas personas llamadas a declarar han sido o son funcionarios de la administración pública municipal, y esto no implica una investigación al H. Ayuntamiento de Mérida: la PGJE no es órgano competente para realizar tal acción; únicamente se investiga a particulares.
Por esta razón causa extrañeza la declaración del alcalde de Mérida al establecer la presunción de que “las investigaciones se están enfocando hacia el Ayuntamiento de Mérida en su función pública, más que a la actuación en lo personal de quienes estuvieran como supuestos involucrados”.
7. La PGJE ha mantenido y mantendrá durante la presente investigación –como en todas las demás que realiza- la objetividad y la juridicidad que la Constitución y las leyes imponen. Sin embargo, es necesario dejar en claro que bajo ningún concepto accederá a politizar este ni otros casos, y mucho menos confundir a la opinión pública.
Si de las averiguaciones del caso de la C. María Cecilia Flores Argáez se desprende participación de algún funcionario público, éste será citado a declarar. Si se requiere el permiso de autoridad alguna en cierto tramo de la investigación, sin duda se hará en el marco de la ley: esa es nuestra obligación y a ella nos ceñimos.
8. Es comprensible que habiendo sido la presunta inculpada una alta funcionaria del Municipio de Mérida hasta hace apenas unos días, haya entre algunas personas ajenas a la PGJE cierta confusión acerca de la naturaleza de las investigaciones, pero dicha confusión no existe en esta Procuraduría: nos conducimos con estricto apego a la ley y exigimos respeto al actuar del Ministerio Público, único legalmente facultado para llevar las averiguaciones.
9. En tal virtud, y en el entendido de que puede haber confusión por desconocimiento, no por dolo, en las declaraciones del alcalde de Mérida, se le exhorta a informarse sobre las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ministerio Público, y nos ponemos a sus órdenes para aclarar las dudas que tuviese en ese sentido, y no en el contenido de la investigación que es, como sabe (o debiera saber), un procedimiento que atañe únicamente a la autoridad ministerial y a los involucrados.
10. Finalmente, y para complementar lo anterior, hacemos la siguiente reflexión: si en todas su declaraciones el alcalde de Mérida ha insistido en que se trata de un asunto entre particulares, resulta poco oportuno que la autoridad municipal insista en conocer de la investigación y participar de alguna forma en ella, ya que no se le ha citado como denunciante, como acusado o como tercero interesado o afectado.
Al respecto, es pertinente señalar lo siguiente:
1. El Procurador General de Justicia del Estado, Abog. José Alonso Guzmán Pacheco, se encuentra en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, participando en los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que inició hoy jueves. A este encuentro han acudido los procuradores de los estados del país y del Distrito Federal, así como los más altos funcionarios de la PGR.
Se menciona lo anterior, ya que en el comunicado de prensa citado párrafos arriba se asienta simplemente que al pedir el alcalde de Mérida –“a través” de su oficina- una cita con el procurador “nos respondieron que llamemos mañana de 8:00am a 2:00pm para ver si me dan una audiencia”.
2. Sobre la afirmación del presidente municipal de Mérida quien, según el comunicado aludido “dijo tener información que las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado se están dirigiendo hacia el Ayuntamiento”, habría que preguntar al munícipe cuál es esa fuente de información, ya que las investigaciones que realiza la PGJE, por mandato de ley, están protegidas por un sigilo obligatorio, esto a fin de no entorpecer diligencias y para garantizar la objetividad de las pesquisas.
3. En todo caso, es oportuno ratificar que actualmente la PGJE realiza investigaciones derivadas de diversas denuncias en contra de la C. María Cecilia Flores Argáez, quien hasta hace algunos días se desempeñaba como alta funcionaria de la administración pública municipal de Mérida.
Las denuncias van encaminadas, según los propios demandantes, a los delitos de fraude y abuso de confianza, y los que de ellos se deriven.
4. Dicha investigación la realiza la PGJE en cumplimiento de su mandato legal de procurar Justicia y atender a las demandas de los ciudadanos afectados.
5. Como es lógico suponer, y derivado de la naturaleza de las actividades que realizaba la C. Flores Argáez, algunas pesquisas y pruebas –emanadas de las denuncias y averiguaciones correspondientes- se realizan en el ámbito de su entorno laboral al momento de cometer los presuntos delitos.
Se ha llamado a declarar a personas mencionadas por los denunciantes, señaladas como presuntos cómplices o como afectados, en diversos grados. Serán llamadas más personas y esto no es de extrañarse en el transcurso de una investigación.
6. Algunas personas llamadas a declarar han sido o son funcionarios de la administración pública municipal, y esto no implica una investigación al H. Ayuntamiento de Mérida: la PGJE no es órgano competente para realizar tal acción; únicamente se investiga a particulares.
Por esta razón causa extrañeza la declaración del alcalde de Mérida al establecer la presunción de que “las investigaciones se están enfocando hacia el Ayuntamiento de Mérida en su función pública, más que a la actuación en lo personal de quienes estuvieran como supuestos involucrados”.
7. La PGJE ha mantenido y mantendrá durante la presente investigación –como en todas las demás que realiza- la objetividad y la juridicidad que la Constitución y las leyes imponen. Sin embargo, es necesario dejar en claro que bajo ningún concepto accederá a politizar este ni otros casos, y mucho menos confundir a la opinión pública.
Si de las averiguaciones del caso de la C. María Cecilia Flores Argáez se desprende participación de algún funcionario público, éste será citado a declarar. Si se requiere el permiso de autoridad alguna en cierto tramo de la investigación, sin duda se hará en el marco de la ley: esa es nuestra obligación y a ella nos ceñimos.
8. Es comprensible que habiendo sido la presunta inculpada una alta funcionaria del Municipio de Mérida hasta hace apenas unos días, haya entre algunas personas ajenas a la PGJE cierta confusión acerca de la naturaleza de las investigaciones, pero dicha confusión no existe en esta Procuraduría: nos conducimos con estricto apego a la ley y exigimos respeto al actuar del Ministerio Público, único legalmente facultado para llevar las averiguaciones.
9. En tal virtud, y en el entendido de que puede haber confusión por desconocimiento, no por dolo, en las declaraciones del alcalde de Mérida, se le exhorta a informarse sobre las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ministerio Público, y nos ponemos a sus órdenes para aclarar las dudas que tuviese en ese sentido, y no en el contenido de la investigación que es, como sabe (o debiera saber), un procedimiento que atañe únicamente a la autoridad ministerial y a los involucrados.
10. Finalmente, y para complementar lo anterior, hacemos la siguiente reflexión: si en todas su declaraciones el alcalde de Mérida ha insistido en que se trata de un asunto entre particulares, resulta poco oportuno que la autoridad municipal insista en conocer de la investigación y participar de alguna forma en ella, ya que no se le ha citado como denunciante, como acusado o como tercero interesado o afectado.
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